La llegada de un nuevo Gobierno genera siempre expectativas. Más aún si este es resultado de un cambio en el equilibrio de fuerzas y el reparto de roles. El relevo en el poder que se ha producido en Canarias invita a la prospectiva sobre el giro que es capaz de protagonizar el Ejecutivo conjunto de Coalición Canaria y el Partido Popular. La dimensión real del cambio viene dada luego por la realidad, que es tozuda y terriblemente compleja. Valga como ejemplo la promesa electoral sobre la rebaja de impuestos, que de momento se quedará en retoque sobre figuras menores en el elenco de medidas fiscales disponibles para una comunidad autónoma.

La práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es una medida que calca la ya adoptada por el PP en aquellas regiones donde gobierna, pero se queda lejos en impacto y, aquí está la clave del asunto, en pérdida de capacidad recaudatoria respecto a la rebaja de dos puntos en el IGIC que figuraba en el programa electoral de las dos fuerzas que comparten ahora el poder en las Islas. Si las corporaciones locales no están dispuestas a renunciar a un solo euro de lo que les corresponde y en el capítulo de gastos el nuevo Ejecutivo pretende mantener la senda del anterior, entonces el margen para bajar impuestos se reduce de un modo notable. Así de despiadados son los números, y eso es algo que en cualquier departamento de Hacienda saben muy bien. Los autoengaños tienen poco recorrido.

Hay un asunto, no obstante, en el que sí parece que el nuevo Ejecutivo pretende marcar una impronta claramente reformista. Es el turismo. La nueva consejera del área, Jessica de León, ha señalado un camino que pasa por la reforma legislativa con objetivos bastante ambiciosos. Lo ha hecho con una claridad poco frecuente, en el ámbito autonómico en general y en el sector turístico en particular. Conste que no lo va a tener nada fácil y que su mensaje conciliador va a medirse con el principio de realidad que mide toda actuación pública. Este principio esencial dice lo siguiente: es imposible tomar decisiones de calado sin molestar a alguien de una manera u otra.

La primera aproximación de la consejera De León a la reforma regulatoria del mercado turístico es de manual: diálogo con todos los sectores para producir nuevas leyes consensuadas o al menos avaladas por un amplio respaldo de los jugadores que mueven sus operaciones en el sector económico más dinámico y pujante de la economía regional. Pero ella es perfectamente consciente de que ninguna medida legislativa es inocua, siempre lleva el sello de alguien y por tanto es capaz de señalar reglas del juego nuevas con múltiples afectados. Aquí aparece un elemento esencial: el impacto actual y perspectivas futuras del alquiler vacacional, esa especie de fórmula de capitalismo popular que gana peso y pregona, no siempre con argumentos, que otro tipo de experiencia alojativa es posible, en directa competencia con la actividad hotelera clásica y en ocasiones con un mercado del alquiler de vivienda excesivamente tensionado. Añadamos a eso su impacto en la convivencia cívica para edificios que nunca conocieron un trasiego constante de inquilinos que han llegado al lugar no para vivirlo, sino para exprimirlo en sus vacaciones. Esto a veces se lleva de un modo estupendo, a veces produce tensiones, la casuística es enorme y es origen de múltiples interpretaciones.

El turismo experimenta actualmente en las Islas, pero no solo en ellas, dos fenómenos antitéticos, ambos muy potentes. El primero de ellos es la residencialización de los inmuebles turísticos, un hecho muy frecuente en aquellas zonas que basaron su modelo en la oferta de complejos de apartamentos con propiedad atomizada y gestión conjunta. El segundo, ya lo hemos citado, es el uso de inmuebles residenciales para la actividad alojativa, uno de los grandes fenómenos de la economía mundial en la última época, origen incluso de nuevos gigantes empresariales, esas plataformas digitales que comercializan alojamientos en ciudades con finalidad turística. Y fuente de ingresos también para miles de pequeños propietarios que encuentran mayor rentabilidad en los alquileres de corta estancia, en buena convivencia (o no) con los habitantes de un inmueble concreto.

El alquiler vacacional se mueve hoy en las Islas en condiciones de notable permisividad por omisión. Su regulación ya era escasa vía decreto y además se vio rasurada por una sentencia judicial que limitó aún más su ámbito de actuación. Crecen las voces que promueven una revisión legislativa, y Jessica de León ha decidido sumarse a ese coro, en compañía de cargos públicos con los que comparte tareas y escenarios, como su homóloga del Gobierno balear, también del PP.

Si esta reforma limita las opciones para el despliegue del alquiler vacacional en las Islas es algo que dirá el tiempo, pero tiene toda la pinta. Y sus representantes en las Islas, gente espabilada y correosa, van a dar la batalla de las ideas, como en ocasiones anteriores la dieron también en los tribunales. Va a ser un debate digno de ser contemplado y narrado, que nos dará una idea sobre la claridad y firmeza de los principios con los que la consejera De León ha llegado al Gobierno. Aun así resulta de agradecer la llegada de cargos públicos con propuestas claras y la determinación para cumplirlas. Pero el infierno es un camino empedrado de buenas intenciones.