El Parlamento de Canarias ha rechazado, con el voto en contra de los grupos de Gobierno, la Proposición No de Ley planteada por el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, para evitar la instalación de molinos de energía eólica marina en las costas de Fuerteventura.

En un comunicado, CC ha denunciado que la decisión del Parlamento se haya tomado sin contar con los ayuntamientos afectados, Cabildo de Fuerteventura, cofradía de pescadores y organizaciones ecologistas y ambientalistas, que rechazan las zonas potenciales de acuicultura, que engloba la totalidad del litoral costero de las isla incluido las zonas turísticas.

Mario Cabrera instaba en su PNL a la suspensión del Real Decreto 150/2023, en el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo sin evaluar el impacto real en la biodiversidad y en las aves marinas, así como en la actividad del sector pesquero artesanal.

El Real Decreto contempla también la ampliación del campo militar de Pájara que afectaría al mismo espacio natural y a las actividades pesqueras que allí se desarrollan.

“No es aceptable, y la sociedad no lo entiende, que se instalen parques eólicos en frente de nuestras playas con mayor atractivo turístico, que los mismos afecten a la zona de alimentación de los peces, que obliguen a desplazar los bancos de peces, y zonas de pesca, y que afecten a las rutas de migración de aves y cetáceos en esta zona del Atlántico este”, ha denunciado.

El parlamentario majorero ha exigido acuerdos con los ayuntamientos, las cofradías y la sociedad para llegar un acuerdo que satisfaga a todos.

El nacionalista ha recordado cuando el Partido Socialista acusó a Coalición Canaria en Fuerteventura de “alarmistas y panfletarios cuando denunciamos el varamiento de zifios a consecuencia de las maniobras de la OTAN desplegadas en el litoral de Fuerteventura”.

“Teníamos razón y hoy estamos advirtiendo que esta instalaciones en la costa majorera pueden afectar a nuestra pesca artesanal de bajura”, ha advertido.

Desde CC han asegurado que sorprende que los grupos de Gobierno minimicen el impacto que “estas instalaciones tendrían sobre nuestra biodiversidad y ecosistema” alegando que hasta el año 2026 no van a construirse y, en todo caso, nunca antes de que existan sistemas de almacenamiento de energía.